El 27 de noviembre de 1992 tuvo lugar un intento de golpe de Estado en Venezuela, el segundo de ese año (el primero ocurrió el 4 de febrero). A diferencia del alzamiento anterior, éste fue ejecutado por un grupo heterogéneo, denominado Movimiento Cívico-Militar 5 de Julio, integrado por altos oficiales de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, civiles pertenecientes a organizaciones revolucionarias y grupos que adversaban al gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Este movimiento surgió durante 1992, como consecuencia del intento del 4 de febrero, y se conformó para la tarea de preparar y dar un nuevo golpe de Estado. Los responsables militares de esta asonada fueron los contralmirantes Hernán Grüber Odremán (jefe de la operación) y Luis Enrique Cabrera Aguirre, el general de brigada de la Fuerza Aérea Francisco Visconti Osorio, el coronel del Ejército Higinio Castro y el mayor de la Guardia Nacional Carlos Salima Colina (los 2 últimos participaron en la planificación del golpe, mas no en su realización). Por el sector civil estuvieron involucradas las organizaciones Bandera Roja y Tercer Camino, así como individualidades pertenecientes a las agrupaciones Frente Patriótico y críticos del gobierno organizados, de elevadas posiciones. Los principales enfrentamientos ocurrieron en el Distrito Federal y en los estados Miranda, Aragua y Carabobo. La insurrección fue controlada por el gobierno el mismo día 27, provocando la rendición de los involucrados y la huida y posterior asilo en Perú de cerca de un centenar de los mismos. En los meses que siguieron al 4 de febrero se repetían los rumores acerca de la organización de un segundo intento de golpe de Estado. El gobierno conocía algunos de estos planes y grupos conspirativos, e incluso logró infiltrarlos; tal fue el caso del Movimiento 5 de Julio, que se constituyó hacia julio de 1992. La asonada se planificó inicialmente para el día 4 de octubre; luego se consideraron los días 12 de octubre, 24 y 30 de noviembre, y finalmente el día 27. Los cambios de fecha estuvieron asociados con diferencias de criterio surgidas entre los altos oficiales y los grupos revolucionarios, puesto que para los últimos un objetivo clave de la operación debía ser liberar al comandante Hugo Chávez Frías (jefe de la asonada del 4 de febrero) de su prisión en Yare, mientras que los primeros no consideraban esa acción como una prioridad. Las modificaciones también se debieron a la constatación de que el movimiento y sus intenciones eran conocidos por el gobierno a raíz de las infiltraciones y delaciones, lo cual obligó a los rebeldes a reformular sus planes originales. Los insurgentes adujeron como razones para promover el golpe el fracaso de las salidas institucionales a la crisis política desatada a partir del intento de golpe de Estado de febrero, a la falta de voluntad del gobierno para rectificar sus políticas y a las frustraciones ante la ausencia de disposición del alto mando militar para admitir y ejecutar reformas en la Fuerzas Armadas. También hicieron suyas las razones expuestas por los golpistas de febrero, como el uso de las Fuerzas Armadas en la represión de los sucesos del 27 de febrero de 1989; la incapacidad del gobierno de Pérez; la corrupción de los altos mandos militares, su distanciamiento del resto de la oficialidad y de las tropas; la escasa atención a los problemas de capacitación, equipamiento y financiamiento de las Fuerzas Armadas. Los golpistas tenían planteado arrestar al presidente Pérez para sustituir al gobierno vigente e implantar «una auténtica democracia». Logrado el objetivo militar, el nuevo gobierno recaería en una Junta Cívico-Militar, integrada por 6 civiles y 4 militares, uno por cada arma. Los cargos de presidente y uno nuevo de primer ministro de la Junta corresponderían, por votación entre sus miembros, a 2 civiles. Los golpistas elaboraron una agenda de transformación nacional que abarcaba una multiplicidad de áreas, y tenían previsto convocar a elecciones «una vez logrados total o parcialmente los propósitos» de la misma.
Las operaciones del alzamiento se dirigieron desde el Museo Histórico Militar de La Planicie, bajo el comando de los contralmirantes Grüber Odremán y Cabrera Aguirre, acompañados por otros oficiales de rango medio. Además de los efectivos militares involucrados y de civiles de Bandera Roja y Tercer Camino, en las acciones también participaron 35 desertores del grupo Zeta, la organización de comando táctico más especializada de la Policía Metropolitana. Aunque en la jefatura del movimiento había representantes de las 4 ramas, la Fuerza Aérea tuvo una participación decisiva en este intento. En segundo lugar de importancia se colocó el Ejército, pues de la Armada sólo se incorporaron los altos oficiales que dirigieron las acciones y 50 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPE) y la Guardia Nacional tampoco se hizo presente. Las operaciones militares en el Distrito Federal y el estado Miranda comenzaron desde las 4:30 a.m. del día 27. Una de las lecciones que los golpistas habían aprendido de la anterior asonada fue la necesidad de dominar los medios de comunicación como requisito indispensable para asegurar el éxito de la operación; por ello entre las primeras acciones se contaba el control de los canales de televisión. Un capitán y 30 efectivos del batallón de Comunicaciones del Ejército, con base en el Fuerte Tiuna, tomaron la televisora del Estado, Venezolana de Televisión (canal 8), al igual que el transmisor de Los Mecedores, con lo cual las señales de los canales 2, 4 y 8 quedaron bajo su dominio. Después de estas acciones, los insurrectos procedieron a transmitir un programa grabado con anterioridad, en el cual el comandante Chávez arengaba a la población y apoyaba el nuevo alzamiento. Al igual que en febrero, en esta ocasión el control de los medios de comunicación fue crítico para definir la suerte del alzamiento. Por razones que aún no han sido esclarecidas, en lugar de transmitirse el prolijo programa preparado con anterioridad por los 5 altos oficiales que dirigieron la preparación del golpe, en el que se exponían las razones del mismo y se convocaba a los miembros de las Fuerzas Armadas y a la población a secundarlos en la asonada, repetidamente se difundió un mensaje del comandante Chávez, quien no estaba vinculado a los cabecillas del alzamiento. Igualmente, mientras el canal 8 estuvo dominado por los rebeldes, se transmitieron alocuciones improvisadas desde la sede del mismo. En ellas civiles y militares armados, utilizando un lenguaje elemental y violento, llamaban a la población a solidarizarse con el golpe y a salir a la calle a apoyarlo, valiéndose incluso de «picos de botellas». El impacto producido por estas alocuciones fue demoledor para el éxito del alzamiento. El aspecto y el mensaje de los rebeldes, que no guardaba relación con las supuestas intenciones de los altos oficiales golpistas, generó temor y rechazo al movimiento en vastos sectores de la población y desmoralización entre los comprometidos con el alzamiento. Se ha especulado que la decisión de no difundir la grabación de los altos oficiales y de sustituirla por la de Chávez y por las improvisaciones, se debió a las diferencias internas del movimiento, correspondiéndole a los afiliados a los grupos revolucionarios la responsabilidad por esta iniciativa, dada su admiración incondicional por Chávez y sus recelos respecto a la dirigencia militar. También se ha atribuido este sabotaje a infiltraciones gubernamentales. Por su parte, el presidente Pérez, como el 4 de febrero, se adelantó a los acontecimientos, y hacia las 6:30 a.m. se dirigió a través del canal 10 de televisión, que no pudo ser controlado por los insurgentes, informando que las fuerzas golpistas habían sido dominadas y que el intento era «un coletazo del 4 de febrero», y convocó a la población a efectuar sus actividades normales. En la región capital los enfrentamientos más intensos tuvieron lugar a propósito de la toma de la sede del canal 8 de televisión y su posterior recuperación por parte de las fuerzas del gobierno, con saldo de muertos y heridos para ambas partes. Igualmente fueron intensos los combates en la base aérea Francisco de Miranda en La Carlota y en el Palacio de Miraflores, la residencia presidencial La Casona, las sedes de la DISIP en El Helicoide y Los Chaguaramos y la sede de la Policía Municipal del municipio Sucre en La Urbina. Pasadas las 4 p.m. y luego de firmes incursiones con unidades blindadas del Ejército, aviones y efectivos de la Guardia Nacional, las fuerzas leales pudieron retomar el control de la base Aérea Francisco de Miranda y lograr la rendición de los insurrectos.
Como resultado de una combinación entre reacciones espontáneas y acciones dirigidas por las agrupaciones revolucionarias incorporadas a la asonada, se produjeron incidentes en algunas zonas del oeste de Caracas, en la que grupos de población civil salieron a protestar o a manifestar su solidaridad con los golpistas, ocasionando daños a instalaciones, saqueos y quema de vehículos. También se presentaron francotiradores, que durante el día 27 y aún en la mañana del sábado 28 causaron alarma en el oeste de Caracas y en los alrededores del regimiento de la Guardia de Honor y en el Palacio de Miraflores. Por otra parte, se registró un grave motín en el centro penitenciario Los Flores de Catia que, según las estimaciones oficiales, produjo 63 muertos, más de 50 heridos y alrededor de 80 reclusos fugados. Estos sucesos fueron enfrentados por efectivos de la policía, de la Guardia Nacional y del Ejército. Se presentaron enfrentamientos en el centro penitenciario metropolitano de los valles del Tuy (Yare), cuando el día 27 en la mañana, 30 militares y algunos civiles pretendieron infructuosamente ingresar a bordo de un tractor al departamento de procesados militares, donde se encontraban detenidos los comandantes Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas y otros 10 oficiales procesados por el alzamiento del 4 de febrero. En Los Teques hubo disturbios y choques entre civiles y efectivos policiales, y en los valles del Tuy se registraron saqueos. Los combates en la capital culminaron con la rendición de los jefes de la rebelión en el Museo Histórico Militar. Hacia las 10 a.m. habían comprendido que el movimiento no tenía posibilidades de triunfar y al mediodía solicitaron la intermediación de la Fiscalía General de la Nación para acordar su rendición. Mientras tanto manifestantes de la urbanización 23 de Enero y sus alrededores impedían el paso de los vehículos militares y solicitaban a los rebeldes que les suministraran armas para apoyar la asonada. La rendición se concretó entre las 3:30 y 4 p.m., en una comunicación enviada por los jefes golpistas al Ministerio de la Defensa. Los contralmirantes Grüber y Cabrera fueron conducidos a la sede del Ministerio de la Defensa, luego trasladados a la sede de la Dirección de Inteligencia Militar y finalmente recluidos en el cuartel San Carlos, en donde permanecieron hasta su liberación. En Caracas, la intervención de las fuerzas gubernamentales se prolongó hasta el fin de semana que siguió al alzamiento en el intento de restablecer el orden público, especialmente en el oeste de la ciudad. La Universidad Central de Venezuela fue allanada el día 27 en la noche por efectivos de la Guardia Nacional, quienes informaron haber hallado en su recinto armas y material subversivo. En las guarniciones de los estados Aragua y Carabobo los rebeldes tomaron la mayoría de las instalaciones militares y la Escuela Básica de la Aviación. Las principales acciones de las fuerzas insurgentes ocurrieron en la base aérea Libertador, comandadas por el general Visconti, y en la base Sucre, al mando del coronel de la aviación Jorge Garrido Martínez. Desde aproximadamente las 5 a.m., unidades aéreas comenzaron a despegar hacia distintos destinos del país. Cuatro aviones Bronco, 3 Mirages, 2 T2D y varios Tucanes T-27 bombardearon la base Francisco de Miranda en La Carlota, el Palacio de Miraflores y El Helicoide. En el estado Lara bombardearon las instalaciones militares de la base aérea Vicente Landaeta Gil de la capital, causando destrozos en la pista de aviación civil y las instalaciones de seguridad. Las fuerzas leales repelieron los ataques, y haciendo uso de baterías antiaéreas derribaron 2 aviones Bronco, cayendo uno en Barquisimeto y otro en Yaritagua. Adicionalmente, 2 aviones Bronco fueron derribados, uno en la base Francisco de Miranda en La Carlota y otro en la base aérea Libertador de Palo Negro (Maracay). Los enfrentamientos en las bases Libertador y Sucre ocurrieron cuando unidades blindadas de las fuerzas leales intentaron retomar las bases, y los aviones rebeldes fueron derribados o averiados por baterías antiaéreas y disparos de aviones F-16. Las persecuciones aéreas de los F-16 leales y los ataques de unidades blindadas provenientes de Valencia y San Juan de los Morros, obligaron a los rebeldes a deponer sus armas. Finalmente, a las 3 p.m. un grupo de 93 insurrectos (41 oficiales, 37 soldados y 15 cadetes) al mando del general Visconti, salió de la base Libertador en un avión Hércules C-130 y huyó a Perú, aterrizando en la ciudad de Iquitos. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela estaban interrumpidas por decisión del gobierno venezolano, a raíz del golpe de Estado que diera el 5 de abril de ese mismo año el presidente Alberto Fujimori. Los golpistas solicitaron asilo territorial al gobierno peruano, argumentando que sus vidas corrían peligro en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores, general « Fernando Ochoa Antich, demandó ante las autoridades diplomáticas peruanas la devolución del avión Hércules C-130, de las armas y el retorno de los insurrectos. El gobierno peruano resolvió conceder el asilo solicitado; no obstante, una porción de los exiliados resolvió regresar y el avión Hércules C-130 y las armas le fueron devueltos a Venezuela. El gobernador del estado Aragua informó a las 5 p.m. que la situación estaba controlada y que como resultado de los sucesos había 33 efectivos militares y 5 civiles heridos; 5 militares y 3 civiles muertos y aproximadamente 1.000 detenidos. Posteriormente, fuerzas gubernamentales allanaron las facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Central en Maracay y la Facultad de Medicina de la Universidad de Carabobo, donde fueron encontradas armas de guerra, uniformes militares y material subversivo escrito. En La Victoria los insurrectos asaltaron el cuartel Mariano Montilla y detuvieron a todos sus efectivos; una emisora de radio fue obligada a transmitir proclamas de los rebeldes pero la situación fue dominada hacia el mediodía por fuerzas leales del Ejército y de la Guardia Nacional. En Valencia, grupos de civiles universitarios, portando armas de guerra, intentaron controlar las entradas de la Universidad de Carabobo y llamaron infructuosamente a la población a incorporarse en apoyo al alzamiento. No se registraron incidentes en otras regiones del país, excepto en Zaraza (Edo. Guárico), donde civiles, presuntamente pertenecientes a un grupo guerrillero, intentaron tomar la ciudad, pero fueron rápidamente controlados por efectivos de la Guardia Nacional, dejando un saldo de 5 civiles muertos y un guardia nacional herido.
El mismo día del alzamiento, el presidente, reunido en Consejo de Ministros, decretó la suspensión de las garantías constitucionales. Al día siguiente el gobierno emitió el decreto núm. 2.669, según el cual se ordenó aplicar un procedimiento extraordinario para enjuiciar a los golpistas civiles y militares, previsto en el título 8° del libro 1° del Código de Justicia Militar, para lo cual se instaló un Consejo de Guerra Extraordinario. Igualmente se promulgó el decreto núm. 2.670 con el objetivo de garantizar la realización de las elecciones regionales del 6 de diciembre. Con el mismo se restringió el decreto de suspensión de garantías, permitiendo entre otros, el derecho de reunión y se redujo el horario de aplicación del toque de queda. El general Iván Darío Jiménez Sánchez, ministro de la Defensa, informó que como producto de los enfrentamientos, 17 aviones fueron averiados, 4 Broncos derribados y que los daños causados a las instalaciones militares ascendían a aproximadamente Bs. 800.000.000. Las estimaciones extraoficiales calcularon en 300 el número de muertos; en tanto que las cifras oficiales de fallecidos fueron de 142 civiles, 19 efectivos del Ejército, 3 de la Fuerza Aérea y 7 de la Guardia Nacional. Se contaron 39 heridos en el Ejército, 32 de la Fuerza Aérea, 17 de la Guardia Nacional y 7 de la Armada. Fueron detenidas 500 personas entre oficiales y suboficiales y cerca de 800 individuos de tropa, además de 40 civiles.
Al igual que en el intento de golpe del 4 de febrero de 1992, se produjeron delaciones y deserciones a lo largo de la planificación de la asonada y durante su ejecución, que perjudicaron el desenvolvimiento de las acciones de los golpistas. El gobierno logró controlar la situación desde el punto de vista militar, siendo la reacción oficial mucho más enérgica que en la asonada anterior. A diferencia del intento del 4 de febrero, este alzamiento resultó un fracaso tanto en términos militares como políticos. La violencia de algunas acciones, particularmente la del canal 8; la pésima imagen del movimiento que se transmitió a través de las alocuciones; el temor que sembraron en la población las incursiones de los aviones de guerra, generaron reacciones en contra del alzamiento y el descrédito de los golpistas. Este intento de golpe se planificó bajo el impacto de los resultados del de febrero, y si bien es indudable que la popularidad de los líderes de la asonada anterior era muy alta así como el descrédito del gobierno, en la concepción de este segundo intento hubo una sobrestimación de la disposición de la población y de las Fuerzas Armadas a participar y apoyar un movimiento insurreccional. Las elecciones del 6 de diciembre se realizaron sin contratiempos, aunque bajo la supervisión de un amplio operativo militar. En marzo de 1993 la Corte Suprema de Justicia decidió la nulidad del decreto mediante el cual se instaló el Consejo de Guerra Extraordinario, y por lo tanto quedaron invalidados los juicios efectuados por el mismo, así como las condenas decididas. Al igual que lo sucedido con los involucrados en el intento del 4 de febrero, las causas de unos fueron sobreseídas y los oficiales de mayor rango fueron indultados por el presidente Rafael Caldera, a cambio de solicitar su retiro de las Fuerzas Armadas. Bajo estas condiciones retornaron al país los últimos exiliados que aún permanecían fuera. M.K
