Juan Bimba

Sucesos: Diciembre 1998

2006-04-14T21:45:00.000-04:00

Chávez ganó las elecciones presidenciales el 6 de diciembre de 1998, obteniendo el 56% de los votos válidos, que representaban el 33% de la población electoral (más de once millones de personas para ese año). Esto equivalió, para esa fecha, a la votación porcentual más alta de los anteriores cuarenta años en Venezuela. Los dos partidos dominantes hasta ese momento, Acción Democrática y COPEI, que Chávez acusó durante la campaña de nepotismo, cleptocracia y corrupción, se vieron obligados a renunciar a sus candidaturas iniciales y apoyar al independiente Henrique Salas Römer, el único que aparentaba tener la posibilidad de derrotar electoralmente a Hugo Chávez. Para el desagrado de muchos, Chávez invitó al acto de investidura de la presidencia, el 2 de febrero de 1999, al último dictador de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, defenestrado en 1958 y quien rechazó las invitaciones y acercamientos de Chavez. Los opositores de Chávez tildaron sus promesas de campaña (luchar contra la pobreza y la corrupción) como demagogia y populismo, mientras entre la izquierda fue visto como el primer político que se salía de la línea continuista de las oligarquías en el poder en mucho tiempo.

Apenas iniciado su gobierno en 1999, Chávez solicitó al parlamento una serie de poderes especiales en el área de la economía para sanear las finanzas públicas y luchar contra la pobreza. En abril de 1999, Chávez promovió un referéndum que permitió elaborar una nueva Constitución para reformar todo el sistema. El Movimiento Quinta República, su partido político, obtuvo 65% de los escaños en el proceso de formación de la Asamblea Nacional Constituyente, la responsable de definir la nueva carta magna. El 12 de agosto de 1999, la Constituyente declara por decreto el Estado de Emergencia, y se otorga el poder para intervenir e incluso disolver otros órganos del Estado. Una semana después, la Asamblea disuelve el sistema judicial y poco después, el Parlamento. Esto será comentado en el exterior como un "escandaloso golpe de estado".

Mediante el voto popular, pero con una abstención del 55%, el 15 de diciembre de 1999 Chávez logra sustituir la Constitución de 1961, su promulgación significó para muchos el logro político más importante de Chávez. Otorgaba más poder para el Presidente, por primera vez daba a los militares el derecho a participar en las elecciones y concedía a las poblaciones indígenas nuevos y especificos derechos lingüístico, étnicos, culturales y territoriales. También instaura el referendo revocatorio del mandato de todos los cargos de elección popular.

http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez

Sucesos: Diciembre de 1994

2004-08-12T00:17:00.000-04:00

Gracias a un indulto del presidente Caldera, en 1994 el comandante Hugo Rafael Chávez Frías es liberado de su prisión en Yare. El hecho se convierte en un acto político que incluye una populosa caravana y una rueda de prensa ofrecida en la sede del Ateneo de Caracas. Para ese momento otros oficiales de la intentona ya habían sido liberados. Entre ellos se encontraban Jesús Ortiz Contreras y Francisco Javier Arias Cárdenas, quienes aceptan trabajar en el gobierno de Caldera asumiendo responsabilidades en el Programa de Asistencia Materno Infantil (PAMI), dirigido a niños de menores recursos. Ortiz Contreras muere en un accidente automovilístico en París, donde se encontraba al frente de una misión oficial. Arias Cárdenas se lanza como candidato a la gobernación del estado Zulia y resulta triunfador apoyado por una alianza en la que participan Copei y La Causa R. Acción Democrática trata de desconocer el triunfo pero las manifestaciones populares obligan a la revisión de resultados y una contundente decisión del Consejo Electoral pone fin al intento de fraude.

Chávez se dedica a conformar el Movimiento V República, que en 1998 resuelve presentarse a las elecciones nacionales, postulándolo como su candidato presidencial.

(http://www.fpolar.org.ve/encarte/fasciculo26/fasc2609.html)

Personajes: Hugo Chávez

2004-08-11T23:56:00.000-04:00

Hugo Chávez Frías nace en Sabaneta, Edo. Barinas, el 28 de julio de 1954. Hijo de Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías de Chávez (ambos maestros). Tiene cuatro hijos: Rosa Virginia, María Gabriela, Hugo Rafael y Rosinés.

Los estudios primarios los realizó en el Grupo Escolar Julián Pino en Sabaneta. La secundaria en el Liceo Daniel Florencio O' Leary, graduándose de Bachiller en Ciencias. Los superiores los realiza en la Academia Militar de Venezuela, de donde egresa, con el grado de Subteniente el 5 de julio de 1975. También es licenciado en Ciencias y Artes Militares, Rama Ingeniería, Mención Terrestre.

Llevó a cabo los siguientes cursos militares: Curso Básico de Comunicación, Escuela de Comunicación y Electrónica de las Fuerzas Armadas, ańo 1975; ocupó el tercer lugar entre 25 alumnos. Curso Medio de Blindados del Ejército, ańo 1979; primer lugar entre 25 alumnos. Curso Avanzado de Blindados, ańo 1983; primer lugar entre 32 alumnos. Curso de Comando y Estado Mayor, Escuela Superior del Ejército, ańos 1991-92. También participó en el Curso Internacional de Guerras Políticas, en Guatemala, 1988. Maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar, ańos 1989-90, con la tesis pendiente.

Participó en actividades deportivas y culturales. Campeonatos de béisbol y sofbol con los Criollitos de Venezuela (1969), el Campeonato Nacional de Béisbol, en Barinas (1976), Béisbol Militar en Cumaná (1977), Sofbol Militar en República Dominicana (1980), Liga Universitaria en Caracas (1984-85). Fue Presidente de las Fiestas Patronales de Elorza, Edo. Apure (1987-88). Es autor de variados cuentos y poesías. "Vuelvan Caras" (enviado a El Nacional), "Mauricio", "El Genio y el Centauro" (obra teatral que ganó el tercer premio de Teatro Histórico Nacional) en Cańafístola, 1987. Tiene un famoso poema dedicado al Tte. Cnel. Fallecido Felipe Acosta Carles, quien fuera uno de los fundadores del MBR-200. Es autor de numerosas obras de artes plásticas, como "Sombra de Guerra en el Golfo" (1980).

El 17 de diciembre de 1982, bajo la sombra del Samán de Güere, funda el Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR-200). Es coautor del Proyecto de Gobierno de Transición para el 4 de febrero (1991). Autor del Ante-proyecto Nacional Simón Bolívar (1991). Comandante de la Operación Militar Ezequiel Zamora, Rebelión Militar del 4 de febrero (1992). Co-autor de la propuesta"Cómo salir del Laberinto", hecho en la Cárcel de Yare (1992). Fundador del Movimiento V República.

Ha recibido diversas condecoraciones: Estrella de Carabobo, Cruz de las Fuerzas Terrestres, Orden Militar Francisco de Miranda, Orden Militar Rafael Urdaneta, Orden Militar Libertador V Clase. En las Fuerzas Armadas Nacionales ha ocupado variados cargos: Comandante del Pelotón de Comunicaciones, Batallón de Cazadores Cedeńo, Barinas/Cumaná, 1975-77. Comandante de Pelotón y Compańía de Tanques AMX-30, Batallón Blindado Bravos de Apure, Maracay 1978-79. Comandante de Compańía y Jefe del Departamento de Educación Física en la Academia Militar de Venezuela, 1980-81. Jefe del Departamento de Cultura de la misma Academia en 1982. Comandante Fundador de la Compańía José Antonio Páez, Curso Militar, Academia Militar de Venezuela, 1983-84. Comandante del Escuadrón de Caballería Francisco Farfán, Elorza (Apure, 1985-86). Comandante Fundador del Nucleo Cívico-Militar del Desarrollo Fronterizo Arauca-Meta, 1986-87-88. Jefe de Ayudantía del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, Palacio Blanco, Miraflores, 1988-89. Oficial de Asuntos Civiles, Brigada de Cazadores, Maturín, 1990. Comandante del Batallón de Paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceńo, Cuartel Paéz, Maracay, desde 1991 hasta el 4 de febrero de 1992. Prisionero militar por rebelión, 1992-94. Presidente electo de Venezuela para el Período 1998-2003

Historia: Caldera II (1994-1999)

2004-08-01T09:13:00.000-04:00

Una década después de su quinta concurrencia electoral, el 4 de diciembre 1983, en la que con el 33,5% de los votos pagó por el mediocre resultado de la administración saliente de su camarada copeyano Luis Antonio Herrera Campins y fue derrotado por el adeco Jaime Lusinchi, y seis años después de perder la nominación para las presidenciales de diciembre de 1988 ante el entonces secretario general del partido, Eduardo Fernández, Caldera decidió romper con el COPEI, el cual a su vez le declaró "autoexpulsado" de sus filas. El 5 de junio de 1993 Caldera presentó su propia candidatura presidencial por Convergencia, formación sobre la que pronto pivotó una coalición de hasta 17 partidos de amplio espectro, entre ellos Movimiento al Socialismo (MAS), el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y el PCV.

Esta alianza, que pasó a llamarse Convergencia Nacional (CN), tenía como aglutinadores la personalidad patriarcal -y ahora, para muchos, providencial- de Caldera, el objetivo de la lucha contra la corrupción y la oposición a la política de ajuste económico del Gobierno de Pérez, suspendido de sus funciones por corrupción el 21 de mayo de 1993 y definitivamente destituido por el Congreso el 31 de agosto. En las elecciones del 5 de diciembre Caldera se impuso con el 30,5% de los sufragios a una larga lista de aspirantes encabezada por el candidato de su antiguo partido, Oswaldo Álvarez Paz, Claudio Fermín, de AD, y Andrés Velásquez, de Causa Radical.

En el éxito de Caldera confluyeron su proyección de padre de la patria, su imagen de hombre honesto y conciliador y el hastío del electorado frente a AD y COPEI, que habían monopolizado el poder desde 1959, todo ello en un contexto de excepcional crisis económica y social agudizado por la turbulenta administración de Pérez. En las legislativas, empero, la coalición pro Caldera sólo consiguió hacerse con el 24,4% de los votos y 54 de los 205 escaños de la Cámara de Diputados (Convergencia individualmente obtuvo 28), demostrando aquí los partidos tradicionales su arraigo en muchas circunscripciones.

Tras tomar posesión el 2 de febrero 1994 de su mandato quinquenal, sustituyendo al presidente interino Ramón José Velásquez Mújica, y formar un gobierno de coalición con los partidos que le apoyaban, Caldera hubo de manejar una vertiginosa espiral inflacionaria y un paralelo descenso de las reservas de divisas, empleadas generosamente para el sostenimiento del bolívar frente al dólar. El 27 de junio anunció la suspensión con carácter temporal de algunas garantías constitucionales, fundamentalmente las relacionadas con la propiedad privada y la libre actividad económica, que supuso el control estatal sobre el mercado de cambios, el sistema bancario y los precios.

Las entidades financieras en bancarrota por la fuga de capitales y las afectadas por prácticas especulativas iban a ser intervenidas y saneadas por el Estado, y de hecho el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció la suspensión inmediata de todas sus operaciones de compra-venta de dólares. Dado lo extraordinario de la situación, las draconianas medidas fueron toleradas por la opinión pública y comprendidas por la comunidad internacional.

La suspensión constitucional fue levantada el 4 de julio de 1995 y, ante el nulo efecto en la alarmante coyuntura económica de la práctica intervencionista (1996 registró una histórica inflación del 103% y la recesión fue del -1,6% del PIB por la desaparición de decenas de entidades privadas de crédito), Caldera optó por aplicar medidas de corte neoliberal de acuerdo con las recomendaciones del FMI, que hasta entonces se había resistido a adoptar en cumplimiento de una promesa electoral, a cambio de un primer préstamo de 7.000 millones de dólares. Así, se devaluó el bolívar en un 70%, el control de cambios fue levantado, los combustibles se encarecieron en un 800% y se liberalizaron los tipos de interés. De los presupuestos del Estado se reservó un tercio para atender el servicio de la deuda exterior, elevada hasta los 36.000 millones de dólares.

En agosto de 1998 las perturbaciones financieras y bursátiles en Sudamérica, espoleadas por la crisis brasileña, más la súbita caída de los precios del petróleo arruinaron la expectativa de una recuperación prenunciada por el 5,1% de crecimiento con que acabó 1997, si bien la inflación pudo ser contenida en torno al 35%. Así, 1998 registró una recesión del -0,4% del PIB y nuevas desvalorizaciones del bolívar.

La mala coyuntura del mercado del petróleo tras dos años de alzas tuvo su efecto sobre las rentas del Estado, que había ingresado lo correspondiente a las privatizaciones que afectaron parcialmente a las industrias turística y siderúrgica, y a la Compañía Nacional de Teléfonos. Aquel comportamiento externo también influyó negativamente en la estrategia del equipo de Caldera de abrir al capital internacional la compañía estatal de petróleos PDVSA, a fin de repartir costes y abrir nuevas explotaciones. Estos vaivenes confirmaron que la economía venezolana seguía atrapada en el ciclo del petróleo, circunstancia de la que Caldera era plenamente consciente y que ya intentó flexibilizar en su primera presidencia en los años setenta.

El veterano dirigente concluyó su segunda ejecutoria, en opinión de los observadores, con un balance de luces y de sombras, figurando entre las primeras el mérito de haber llevado una durísima política de ajuste manteniendo la gobernabilidad, respetando las instituciones democráticas y asegurando una relativa paz social; y entre las segundas el hecho de que, debido a los bajos salarios, la falta de políticas sociales y la desigualdad en la distribución del ingreso, los índices de pobreza sólo hicieron que aumentar en estos cinco años, afectando, según la Oficina Central de Estadística, al 40% de la población la categoría de pobreza extrema y a otro 28% la cobertura sólamente de sus necesidades básicas.

Concentrado en los avatares domésticos, Caldera no asistió a todas las cumbres de la Comunidad Andina (CAN). El 12 de octubre de 1997 recibió al presidente estadounidense Bill Clinton y el 8 y 9 de noviembre del mismo año fue el anfitrión en Isla Margarita de la VII Cumbre Iberoamericana. Por otro lado, en Caracas se desarrolló en junio de 1998 la sesión inagural de la XXVIII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

CN no sobrevivió en el enrarecido ambiente previo a las elecciones legislativas del 8 de noviembre de 1998 y el partido de Caldera quedó reducido a la condición de fuerza testimonial, con el 2,4% de los votos y 3 escaños. En las presidenciales del 6 de diciembre, polarizadas en torno a la figura del ex coronel golpista Hugo Rafael Chávez Frías, Convergencia no presentó candidato propio.

El 2 de febrero de 1999 Caldera concluyó su mandato con la toma de posesión de Chávez. A pesar de que había permitido su excarcelación en marzo de 1994 al sobreseer su caso a cambio de su baja en el Ejército, el flamante mandatario no excluyó a Caldera de sus críticas en su discurso inaugural. Tras las nuevas parlamentarias del 30 de julio de 2000 CN se quedó con un solo representante en la nueva Asamblea Nacional unicameral.

(http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/c-037.htm)

Historia: Juicio a CAP

2004-07-30T01:35:00.000-04:00

El periodo de mandato del presidente Carlos Andrés Pérez se redujo considerablemente, pues se produjo en la historia venezolana el primer juicio a un presidente en ejercicio.

El 12 de marzo de 1993, mientras el presidente Pérez presentaba ante el Congreso Nacional su mensaje anual, el fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom, sorprendió con la introducción ante la Corte Suprema de Justicia de una demanda contra Pérez por malversación y peculado de partidas secretas.

La Corte se reunió el 20 de mayo de 1993 y declaró que sí había indicios para enjuiciar al presidente; de acuerdo con la Constitución, Carlos Andrés Pérez fue suspendido de sus funciones públicas y se encargó de la primera magistratura el presidente del Senado, Octavio Lepage, en tanto el mismo Congreso designó a la persona que gobernaría el país con carácter de interino hasta la finalización del periodo que correspondía a Pérez, en caso de que el juicio no le fuera favorable y la sentencia se produjera antes del 2 de febrero de 1994. La sentencia condenatoria de la Corte se produjo el 30 de mayo de 1996, sin la agravante de peculado.

El presidente interino seleccionado por el Congreso fue el senador por Acción Democrática Ramón Velásquez, quien contó con los votos de AD y COPEI, más otros partidos minoritarios; prestó juramento el sábado 5 de junio de 1993.

En las elecciones de 1993 obtuvo de nuevo la presidencia Rafael Caldera, “autoexcluido” de COPEI, encabezando esta vez un nuevo partido, Convergencia, y apoyado por otras organizaciones como MAS, PCV y MIN. Caldera tomó posesión el 2 de febrero de 1994 para un periodo que debe concluir a los cinco años.

Sucesos: 27 de Noviembre de 1992

2004-07-28T13:55:00.000-04:00

El 27 de noviembre de 1992 tuvo lugar un intento de golpe de Estado en Venezuela, el segundo de ese año (el primero ocurrió el 4 de febrero). A diferencia del alzamiento anterior, éste fue ejecutado por un grupo heterogéneo, denominado Movimiento Cívico-Militar 5 de Julio, integrado por altos oficiales de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, civiles pertenecientes a organizaciones revolucionarias y grupos que adversaban al gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Este movimiento surgió durante 1992, como consecuencia del intento del 4 de febrero, y se conformó para la tarea de preparar y dar un nuevo golpe de Estado. Los responsables militares de esta asonada fueron los contralmirantes Hernán Grüber Odremán (jefe de la operación) y Luis Enrique Cabrera Aguirre, el general de brigada de la Fuerza Aérea Francisco Visconti Osorio, el coronel del Ejército Higinio Castro y el mayor de la Guardia Nacional Carlos Salima Colina (los 2 últimos participaron en la planificación del golpe, mas no en su realización). Por el sector civil estuvieron involucradas las organizaciones Bandera Roja y Tercer Camino, así como individualidades pertenecientes a las agrupaciones Frente Patriótico y críticos del gobierno organizados, de elevadas posiciones. Los principales enfrentamientos ocurrieron en el Distrito Federal y en los estados Miranda, Aragua y Carabobo. La insurrección fue controlada por el gobierno el mismo día 27, provocando la rendición de los involucrados y la huida y posterior asilo en Perú de cerca de un centenar de los mismos. En los meses que siguieron al 4 de febrero se repetían los rumores acerca de la organización de un segundo intento de golpe de Estado. El gobierno conocía algunos de estos planes y grupos conspirativos, e incluso logró infiltrarlos; tal fue el caso del Movimiento 5 de Julio, que se constituyó hacia julio de 1992. La asonada se planificó inicialmente para el día 4 de octubre; luego se consideraron los días 12 de octubre, 24 y 30 de noviembre, y finalmente el día 27. Los cambios de fecha estuvieron asociados con diferencias de criterio surgidas entre los altos oficiales y los grupos revolucionarios, puesto que para los últimos un objetivo clave de la operación debía ser liberar al comandante Hugo Chávez Frías (jefe de la asonada del 4 de febrero) de su prisión en Yare, mientras que los primeros no consideraban esa acción como una prioridad. Las modificaciones también se debieron a la constatación de que el movimiento y sus intenciones eran conocidos por el gobierno a raíz de las infiltraciones y delaciones, lo cual obligó a los rebeldes a reformular sus planes originales. Los insurgentes adujeron como razones para promover el golpe el fracaso de las salidas institucionales a la crisis política desatada a partir del intento de golpe de Estado de febrero, a la falta de voluntad del gobierno para rectificar sus políticas y a las frustraciones ante la ausencia de disposición del alto mando militar para admitir y ejecutar reformas en la Fuerzas Armadas. También hicieron suyas las razones expuestas por los golpistas de febrero, como el uso de las Fuerzas Armadas en la represión de los sucesos del 27 de febrero de 1989; la incapacidad del gobierno de Pérez; la corrupción de los altos mandos militares, su distanciamiento del resto de la oficialidad y de las tropas; la escasa atención a los problemas de capacitación, equipamiento y financiamiento de las Fuerzas Armadas. Los golpistas tenían planteado arrestar al presidente Pérez para sustituir al gobierno vigente e implantar «una auténtica democracia». Logrado el objetivo militar, el nuevo gobierno recaería en una Junta Cívico-Militar, integrada por 6 civiles y 4 militares, uno por cada arma. Los cargos de presidente y uno nuevo de primer ministro de la Junta corresponderían, por votación entre sus miembros, a 2 civiles. Los golpistas elaboraron una agenda de transformación nacional que abarcaba una multiplicidad de áreas, y tenían previsto convocar a elecciones «una vez logrados total o parcialmente los propósitos» de la misma.

Las operaciones del alzamiento se dirigieron desde el Museo Histórico Militar de La Planicie, bajo el comando de los contralmirantes Grüber Odremán y Cabrera Aguirre, acompañados por otros oficiales de rango medio. Además de los efectivos militares involucrados y de civiles de Bandera Roja y Tercer Camino, en las acciones también participaron 35 desertores del grupo Zeta, la organización de comando táctico más especializada de la Policía Metropolitana. Aunque en la jefatura del movimiento había representantes de las 4 ramas, la Fuerza Aérea tuvo una participación decisiva en este intento. En segundo lugar de importancia se colocó el Ejército, pues de la Armada sólo se incorporaron los altos oficiales que dirigieron las acciones y 50 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPE) y la Guardia Nacional tampoco se hizo presente. Las operaciones militares en el Distrito Federal y el estado Miranda comenzaron desde las 4:30 a.m. del día 27. Una de las lecciones que los golpistas habían aprendido de la anterior asonada fue la necesidad de dominar los medios de comunicación como requisito indispensable para asegurar el éxito de la operación; por ello entre las primeras acciones se contaba el control de los canales de televisión. Un capitán y 30 efectivos del batallón de Comunicaciones del Ejército, con base en el Fuerte Tiuna, tomaron la televisora del Estado, Venezolana de Televisión (canal 8), al igual que el transmisor de Los Mecedores, con lo cual las señales de los canales 2, 4 y 8 quedaron bajo su dominio. Después de estas acciones, los insurrectos procedieron a transmitir un programa grabado con anterioridad, en el cual el comandante Chávez arengaba a la población y apoyaba el nuevo alzamiento. Al igual que en febrero, en esta ocasión el control de los medios de comunicación fue crítico para definir la suerte del alzamiento. Por razones que aún no han sido esclarecidas, en lugar de transmitirse el prolijo programa preparado con anterioridad por los 5 altos oficiales que dirigieron la preparación del golpe, en el que se exponían las razones del mismo y se convocaba a los miembros de las Fuerzas Armadas y a la población a secundarlos en la asonada, repetidamente se difundió un mensaje del comandante Chávez, quien no estaba vinculado a los cabecillas del alzamiento. Igualmente, mientras el canal 8 estuvo dominado por los rebeldes, se transmitieron alocuciones improvisadas desde la sede del mismo. En ellas civiles y militares armados, utilizando un lenguaje elemental y violento, llamaban a la población a solidarizarse con el golpe y a salir a la calle a apoyarlo, valiéndose incluso de «picos de botellas». El impacto producido por estas alocuciones fue demoledor para el éxito del alzamiento. El aspecto y el mensaje de los rebeldes, que no guardaba relación con las supuestas intenciones de los altos oficiales golpistas, generó temor y rechazo al movimiento en vastos sectores de la población y desmoralización entre los comprometidos con el alzamiento. Se ha especulado que la decisión de no difundir la grabación de los altos oficiales y de sustituirla por la de Chávez y por las improvisaciones, se debió a las diferencias internas del movimiento, correspondiéndole a los afiliados a los grupos revolucionarios la responsabilidad por esta iniciativa, dada su admiración incondicional por Chávez y sus recelos respecto a la dirigencia militar. También se ha atribuido este sabotaje a infiltraciones gubernamentales. Por su parte, el presidente Pérez, como el 4 de febrero, se adelantó a los acontecimientos, y hacia las 6:30 a.m. se dirigió a través del canal 10 de televisión, que no pudo ser controlado por los insurgentes, informando que las fuerzas golpistas habían sido dominadas y que el intento era «un coletazo del 4 de febrero», y convocó a la población a efectuar sus actividades normales. En la región capital los enfrentamientos más intensos tuvieron lugar a propósito de la toma de la sede del canal 8 de televisión y su posterior recuperación por parte de las fuerzas del gobierno, con saldo de muertos y heridos para ambas partes. Igualmente fueron intensos los combates en la base aérea Francisco de Miranda en La Carlota y en el Palacio de Miraflores, la residencia presidencial La Casona, las sedes de la DISIP en El Helicoide y Los Chaguaramos y la sede de la Policía Municipal del municipio Sucre en La Urbina. Pasadas las 4 p.m. y luego de firmes incursiones con unidades blindadas del Ejército, aviones y efectivos de la Guardia Nacional, las fuerzas leales pudieron retomar el control de la base Aérea Francisco de Miranda y lograr la rendición de los insurrectos.

Como resultado de una combinación entre reacciones espontáneas y acciones dirigidas por las agrupaciones revolucionarias incorporadas a la asonada, se produjeron incidentes en algunas zonas del oeste de Caracas, en la que grupos de población civil salieron a protestar o a manifestar su solidaridad con los golpistas, ocasionando daños a instalaciones, saqueos y quema de vehículos. También se presentaron francotiradores, que durante el día 27 y aún en la mañana del sábado 28 causaron alarma en el oeste de Caracas y en los alrededores del regimiento de la Guardia de Honor y en el Palacio de Miraflores. Por otra parte, se registró un grave motín en el centro penitenciario Los Flores de Catia que, según las estimaciones oficiales, produjo 63 muertos, más de 50 heridos y alrededor de 80 reclusos fugados. Estos sucesos fueron enfrentados por efectivos de la policía, de la Guardia Nacional y del Ejército. Se presentaron enfrentamientos en el centro penitenciario metropolitano de los valles del Tuy (Yare), cuando el día 27 en la mañana, 30 militares y algunos civiles pretendieron infructuosamente ingresar a bordo de un tractor al departamento de procesados militares, donde se encontraban detenidos los comandantes Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas y otros 10 oficiales procesados por el alzamiento del 4 de febrero. En Los Teques hubo disturbios y choques entre civiles y efectivos policiales, y en los valles del Tuy se registraron saqueos. Los combates en la capital culminaron con la rendición de los jefes de la rebelión en el Museo Histórico Militar. Hacia las 10 a.m. habían comprendido que el movimiento no tenía posibilidades de triunfar y al mediodía solicitaron la intermediación de la Fiscalía General de la Nación para acordar su rendición. Mientras tanto manifestantes de la urbanización 23 de Enero y sus alrededores impedían el paso de los vehículos militares y solicitaban a los rebeldes que les suministraran armas para apoyar la asonada. La rendición se concretó entre las 3:30 y 4 p.m., en una comunicación enviada por los jefes golpistas al Ministerio de la Defensa. Los contralmirantes Grüber y Cabrera fueron conducidos a la sede del Ministerio de la Defensa, luego trasladados a la sede de la Dirección de Inteligencia Militar y finalmente recluidos en el cuartel San Carlos, en donde permanecieron hasta su liberación. En Caracas, la intervención de las fuerzas gubernamentales se prolongó hasta el fin de semana que siguió al alzamiento en el intento de restablecer el orden público, especialmente en el oeste de la ciudad. La Universidad Central de Venezuela fue allanada el día 27 en la noche por efectivos de la Guardia Nacional, quienes informaron haber hallado en su recinto armas y material subversivo. En las guarniciones de los estados Aragua y Carabobo los rebeldes tomaron la mayoría de las instalaciones militares y la Escuela Básica de la Aviación. Las principales acciones de las fuerzas insurgentes ocurrieron en la base aérea Libertador, comandadas por el general Visconti, y en la base Sucre, al mando del coronel de la aviación Jorge Garrido Martínez. Desde aproximadamente las 5 a.m., unidades aéreas comenzaron a despegar hacia distintos destinos del país. Cuatro aviones Bronco, 3 Mirages, 2 T2D y varios Tucanes T-27 bombardearon la base Francisco de Miranda en La Carlota, el Palacio de Miraflores y El Helicoide. En el estado Lara bombardearon las instalaciones militares de la base aérea Vicente Landaeta Gil de la capital, causando destrozos en la pista de aviación civil y las instalaciones de seguridad. Las fuerzas leales repelieron los ataques, y haciendo uso de baterías antiaéreas derribaron 2 aviones Bronco, cayendo uno en Barquisimeto y otro en Yaritagua. Adicionalmente, 2 aviones Bronco fueron derribados, uno en la base Francisco de Miranda en La Carlota y otro en la base aérea Libertador de Palo Negro (Maracay). Los enfrentamientos en las bases Libertador y Sucre ocurrieron cuando unidades blindadas de las fuerzas leales intentaron retomar las bases, y los aviones rebeldes fueron derribados o averiados por baterías antiaéreas y disparos de aviones F-16. Las persecuciones aéreas de los F-16 leales y los ataques de unidades blindadas provenientes de Valencia y San Juan de los Morros, obligaron a los rebeldes a deponer sus armas. Finalmente, a las 3 p.m. un grupo de 93 insurrectos (41 oficiales, 37 soldados y 15 cadetes) al mando del general Visconti, salió de la base Libertador en un avión Hércules C-130 y huyó a Perú, aterrizando en la ciudad de Iquitos. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela estaban interrumpidas por decisión del gobierno venezolano, a raíz del golpe de Estado que diera el 5 de abril de ese mismo año el presidente Alberto Fujimori. Los golpistas solicitaron asilo territorial al gobierno peruano, argumentando que sus vidas corrían peligro en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores, general « Fernando Ochoa Antich, demandó ante las autoridades diplomáticas peruanas la devolución del avión Hércules C-130, de las armas y el retorno de los insurrectos. El gobierno peruano resolvió conceder el asilo solicitado; no obstante, una porción de los exiliados resolvió regresar y el avión Hércules C-130 y las armas le fueron devueltos a Venezuela. El gobernador del estado Aragua informó a las 5 p.m. que la situación estaba controlada y que como resultado de los sucesos había 33 efectivos militares y 5 civiles heridos; 5 militares y 3 civiles muertos y aproximadamente 1.000 detenidos. Posteriormente, fuerzas gubernamentales allanaron las facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Central en Maracay y la Facultad de Medicina de la Universidad de Carabobo, donde fueron encontradas armas de guerra, uniformes militares y material subversivo escrito. En La Victoria los insurrectos asaltaron el cuartel Mariano Montilla y detuvieron a todos sus efectivos; una emisora de radio fue obligada a transmitir proclamas de los rebeldes pero la situación fue dominada hacia el mediodía por fuerzas leales del Ejército y de la Guardia Nacional. En Valencia, grupos de civiles universitarios, portando armas de guerra, intentaron controlar las entradas de la Universidad de Carabobo y llamaron infructuosamente a la población a incorporarse en apoyo al alzamiento. No se registraron incidentes en otras regiones del país, excepto en Zaraza (Edo. Guárico), donde civiles, presuntamente pertenecientes a un grupo guerrillero, intentaron tomar la ciudad, pero fueron rápidamente controlados por efectivos de la Guardia Nacional, dejando un saldo de 5 civiles muertos y un guardia nacional herido.

El mismo día del alzamiento, el presidente, reunido en Consejo de Ministros, decretó la suspensión de las garantías constitucionales. Al día siguiente el gobierno emitió el decreto núm. 2.669, según el cual se ordenó aplicar un procedimiento extraordinario para enjuiciar a los golpistas civiles y militares, previsto en el título 8° del libro 1° del Código de Justicia Militar, para lo cual se instaló un Consejo de Guerra Extraordinario. Igualmente se promulgó el decreto núm. 2.670 con el objetivo de garantizar la realización de las elecciones regionales del 6 de diciembre. Con el mismo se restringió el decreto de suspensión de garantías, permitiendo entre otros, el derecho de reunión y se redujo el horario de aplicación del toque de queda. El general Iván Darío Jiménez Sánchez, ministro de la Defensa, informó que como producto de los enfrentamientos, 17 aviones fueron averiados, 4 Broncos derribados y que los daños causados a las instalaciones militares ascendían a aproximadamente Bs. 800.000.000. Las estimaciones extraoficiales calcularon en 300 el número de muertos; en tanto que las cifras oficiales de fallecidos fueron de 142 civiles, 19 efectivos del Ejército, 3 de la Fuerza Aérea y 7 de la Guardia Nacional. Se contaron 39 heridos en el Ejército, 32 de la Fuerza Aérea, 17 de la Guardia Nacional y 7 de la Armada. Fueron detenidas 500 personas entre oficiales y suboficiales y cerca de 800 individuos de tropa, además de 40 civiles.

Al igual que en el intento de golpe del 4 de febrero de 1992, se produjeron delaciones y deserciones a lo largo de la planificación de la asonada y durante su ejecución, que perjudicaron el desenvolvimiento de las acciones de los golpistas. El gobierno logró controlar la situación desde el punto de vista militar, siendo la reacción oficial mucho más enérgica que en la asonada anterior. A diferencia del intento del 4 de febrero, este alzamiento resultó un fracaso tanto en términos militares como políticos. La violencia de algunas acciones, particularmente la del canal 8; la pésima imagen del movimiento que se transmitió a través de las alocuciones; el temor que sembraron en la población las incursiones de los aviones de guerra, generaron reacciones en contra del alzamiento y el descrédito de los golpistas. Este intento de golpe se planificó bajo el impacto de los resultados del de febrero, y si bien es indudable que la popularidad de los líderes de la asonada anterior era muy alta así como el descrédito del gobierno, en la concepción de este segundo intento hubo una sobrestimación de la disposición de la población y de las Fuerzas Armadas a participar y apoyar un movimiento insurreccional. Las elecciones del 6 de diciembre se realizaron sin contratiempos, aunque bajo la supervisión de un amplio operativo militar. En marzo de 1993 la Corte Suprema de Justicia decidió la nulidad del decreto mediante el cual se instaló el Consejo de Guerra Extraordinario, y por lo tanto quedaron invalidados los juicios efectuados por el mismo, así como las condenas decididas. Al igual que lo sucedido con los involucrados en el intento del 4 de febrero, las causas de unos fueron sobreseídas y los oficiales de mayor rango fueron indultados por el presidente Rafael Caldera, a cambio de solicitar su retiro de las Fuerzas Armadas. Bajo estas condiciones retornaron al país los últimos exiliados que aún permanecían fuera. M.K

(http://www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/insurr/27nov92.html)

Sucesos: Discurso en la sesión conjunta del Congreso de la República

2004-07-27T11:10:00.000-04:00

Rafael Caldera, 4 de Febrero de 1992.

Señor presidente del Congreso, Señor Vicepresidente, Presidente de la Cámara de Diputados Ciudadanos senadores Ciudadanos diputados:

He pedido la palabra, no con el objeto de referirme al Decreto de Suspensión de Garantías, aun cuando quiero hacer en torno a él tres breves consideraciones.

La primera, la de que el propio decreto revela la gravedad de la situación que estamos viviendo, y aun cuando encuentro un defecto de redacción porque los considerandos se refieren a hechos ocurridos y no a la situación actual y a los peligros que con la Suspensión de Garantías se tratan de enfrentar, se supone que es precisamente porque la situación del país es delicada; porque el sistema democrático, la normalidad y el orden público están corriendo peligro después de haber terminado el deplorable y doloroso incidente de la sublevación militar, es necesaria la medida tan extraordinaria de suspender a la población general el uso y ejercicio de las garantías constitucionales.

La segunda observación que quiero hacer, es la de que no estoy convencido de que el golpe felizmente frustrado hubiera tenido como propósito asesinar al presidente de la república. Yo creo que una afirmación de esa naturaleza no podría hacerse sino con plena prueba del propósito de los sublevados. Bien porque hayan confesado y exista una confesión concordante de algunos de los comprometidos o algunos de los actores del tremendo y condenable incidente, o bien porque exista otra especie de plenas pruebas que difícilmente creo se puedan haber acumulado ya en el sumario que supuestamente debe haberse abierto por la justicia militar. Afirmar que el propósito de la sublevación fue asesinar al presidente de la república es muy grave; por los demás, se me hace difícil entender que para realizar un asesinato, bien sea de un Jefe de Estado rodeado de todas las protecciones que su alta condición le da, haya necesidad de ocupar aeropuertos, de tomar bases militares, de sublevar divisiones; desde luego que hoy está demostrado que por más protección que tenga cualquier ciudadano, con el armamento existente en la actualidad y con los sistemas de comunicación, un asesinato es relativa y desgraciadamente fácil de cometer. El caso del Dictador Anastasio Somoza en el Paraguay, férreamente gobernado por el general Stroessner, con todas las protecciones que la condición de este depuesto gobernante suponía, indica que ninguna persona, por más protegida que esté, puede salvarse de un asesinato cuando se cuenta con los medios y con la decisión de perpetrarlo.

Por eso, pues, yo me siento obligado en conciencia a expresar mi duda acerca de esta afirmación, y considero grave que el Ejecutivo en su Decreto de Suspensión de Garantías y el Congreso en el Acuerdo aprobatorio, hayan hecho tal afirmación, que demás de ser conocida en el país está dispuesta a difundirse en todos los países del exterior.

La tercera observación respecto a la suspensión de garantías se refiere al deseo que quiero expresar, en nombre del país, de que esas facultades se ejerzan con ponderación, con gran sentido de responsabilidad. Admitimos que el gobierno necesita en momentos de dificultad, de poderes extraordinarios, que no pueden someterse a las restricciones y términos que la Constitución establece; pero sabemos también por experiencia secular en Venezuela que estas facultades pueden convertirse en fuentes de abusos, de excesos, de violaciones absolutamente injustificadas, no sólo en lo relativo a la garantía de seguridad personal, al derecho de ser detenido sin fórmula de juicio, a la allanamiento de los hogares, sino también a la muy delicada garantía de libertad de expresión del pensamiento, respecto a la cual abrigo la esperanza, y la quiero formular aquí y creo en eso representar el sentimiento público, de que se ejerza con toda la ponderación, con todo el sentido de respeto que una garantía tan fundamental tiene para el funcionamiento de la democracia.

Yo pedí la palabra para hablar hoy aquí antes de que se conociera el Decreto de la Suspensión de Garantías, cuando esta Sesión Extraordinaria se convocó para conocer los graves hechos ocurridos en el día de hoy en Venezuela, y realmente considero que esa gravedad nos obliga a todos, no sólo a una profunda reflexión sino a una inmediata y urgente rectificación.

Cuando aquí el país y fuera de él he sido muchas veces preguntado, como seguramente lo habrán sido los senadores y diputados aquí presentes, acerca de las causas de la estabilidad democrática en Venezuela, en momentos en que el sistema naufragaba en naciones de mejor tradición institucional que la nuestra, generalmente me referí a cuatro factores que para mí representaban una gran importancia.

Por una parte, a la inteligencia que existió en la dirigencia política de sepultar antagonismos y diferencias en aras al interés común de fortalecer el sistema democrático.

En segundo lugar, a la disposición lograda, a través de un proceso que no fue fácil, de las Fuerzas Armadas para incorporarse plenamente al sistema y para ejercer una función netamente profesional.

Tercero, a la apertura que el movimiento empresarial demostró, cuando se inauguró el sistema democrático, para el progreso social, comprensión que tuvo para el reconocimiento de los legítimos derechos de la clase trabajadora.

Pero, en último término, el factor más importante fue la decisión del pueblo venezolano de jugárselo todo por la defensa de la libertad, por el sostenimiento de un sistema de garantías de derechos humanos, el ejercicio de las libertades públicas que tanto costó lograr a través de nuestra accidentada historia política.

Debo decir con honda preocupación que la situación que vivimos hace más de treinta años no es la misma de hoy. Por una parte, la inteligencia de la dirigencia política ha olvidado en muchas ocasiones esa preocupación fundamental de servir antes que todo al fortalecimiento de las instituciones. Por otra parte, el empresariado no ha dado las mismas manifestaciones de amplitud, de apertura, que caracterizaron su conducta en los años formativos de la democracia venezolana. En tercer lugar, porque las Fuerzas Armadas, que han sido ejemplares en su conducta profesional en las garantías de la instituciones, están comenzando a dar muestras de que se deteriora en muchos de sus integrantes la convicción de que por encima de todo, tienen que mantener una posición no deliberante, una posición obediente a las instituciones y a las autoridades legítimamente elegidas. Y cuarto, y esto es lo que más me preocupa y me duele, que no encuentro en el sentimiento popular la misma reacción entusiasta, decidida y fervorosa por la defensa de la democracia que caracterizó la conducta del pueblo en todos los dolorosos incidentes que hubo que atravesar después del 23 de enero de 1958.

Debemos reconocerlo, nos duele profundamente pero es la verdad: no hemos sentido en la clase popular, en el conjunto de venezolanos no políticos y hasta en los militantes de partidos políticos ese fervor, esa reacción entusiasta, inmediata, decidida, abnegada, dispuesta a todo frente a la amenaza contra el orden constitucional. Y esto nos obliga a profundizar en la situación y en sus causas.

En estos momentos debemos darle una respuesta al pueblo y tengo la convicción de que no es la repetición de los mismos discursos que hace treinta años se pronunciaban cada vez que ocurría algún levantamiento y que vemos desfilar por las cámaras de la televisión, lo que responde a la inquietud, el sentimiento, a la preocupación popular. El país está esperando otro mensaje. Yo quisiera decirle a esta tribuna con toda responsabilidad al señor presidente de la república que de él principalmente, aunque de todos también, depende la responsabilidad de afrontar de inmediato las rectificaciones profundas que el país está reclamando. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia, cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos de todo el mundo está consumiendo todos los días la institucionalidad. Esta situación no se puede ocultar. El golpe militar es censurable y condenable en toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente y sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo. Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones.

Por eso he pedido la palabra para ejercerla en este elevado recinto. Transmitirle desde aquí al señor presidente de la república y los dirigentes de la vida pública nacional, mi reclamo, mi petición, mi exigencia, mi ruego, en nombre del pueblo venezolano, de que se enfrente de inmediato el proceso de rectificaciones que todos los días se está reclamando y que está tomando carne todos los días en el corazón y en el sentimiento del pueblo.

Este es el motivo de la presente intervención y creo que era imposible que por un simple acuerdo de la Comisión de Mesa de que no se hablara para discutir el Decreto de Suspensión de Garantías, el Congreso se reuniera y le dijera al país que no ha hecho otra cosa sino darle paso al decreto: un Acuerdo que se votó creo que tres o cuatro veces, y que se indicó votado por unanimidad. Yo aclaro que yo no lo voté, no porque no estuviera de acuerdo en el fondo con que se suspendieran las garantías, sino por las reservas que expresé y, sobre todo, porque no considero justo el que se afirme de una manera tan absoluta, que el propósito de los culpables de la sublevación haya sido el asesinar al presidente de la república.

Por otra parte, quiero decir que esto que estamos enfrentando responde a una grave situación que está atravesando Venezuela. Yo quisiera que los señores jefes de Estado de los países ricos que llamaron al presidente Carlos Andrés Pérez para expresarle su solidaridad en defensa de la democracia entendieran que la democracia no puede existir si los pueblos no comen, si como lo dijo el Papa Juan Pablo H. «no se puede obligar apagar las deudas a costa del hambre de los pueblos». De que esos señores entiendan que estas democracias de América Latina están requiriendo una revisión de la conducta que tienen frente al peso de deuda externa, alocadamente contraída y en muchos casos no administrada propiamente, que nos está colocando en situaciones cuyo costo ha llegado a asustar a los propios dirigentes del Fondo Monetario Internacional y de los otros organismos financieros internacionales.

Yo quisiera, pues, desde aquí también, que pudiera llegar mi pedimento al presidente Bush, al presidente Mitterrand, al presidente Felipe González, a los jefes de los países del mundo desarrollado y ricos, para que se den cuenta de que lo que pasó en Venezuela puede pasar en cualquiera de nuestros países porque tiene un fondo grave, un ambiente sin el cual los peores aventureros no se atreverían ni siquiera a intentar la ruptura del orden constitucional.

Esa situación tenemos nosotros que plantearla con toda decisión. Cuando ocurrieron los hechos del 27 y 28 de febrero del año de 1989, desde esta tribuna yo observé que lo que iba a ocurrir podría ser muy grave. No pretendí hacer afirmaciones proféticas, pero estaba visto que las consecuencias de aquel paquete de medidas que produjo el primer estallido de aquellos terribles acontecimientos, no se iban a quedar allí, sino que iban a seguir horadando profundamente en la conciencia y en el porvenir de nuestro pueblo. Dije entonces en algún artículo que Venezuela era algo como la vitrina de exhibición de la democracia latinoamericana. Esa vitrina la rompieron en febrero de 1989 los habitantes de los cerros de Caracas que bajaron enardecidos. Ahora, la han roto la culata de los fusiles y los instrumentos de agresión que manejaron los militares sublevados. Esto es necesario que se diga, que se firme y que se haga un verdadero examen de conciencia. Estamos hablando mucho de reflexión, estamos haciendo muchos análisis, pero la verdad verdadera es que hemos progresado muy poco en enfrentar la situación y que no podemos nosotros afirmar en conciencia que la corrupción se ha detenido, sino que más bien íntimamente tenemos el sentir de que se está extendiendo progresivamente, que vemos con alarma que el costo de la vida se hace cada vez más difícil de satisfacer para grandes sectores de nuestra población, que los servicios públicos no funcionan y que se busca como una solución que muchos hemos señalado para criticarla, el de privatizarlos entregándolos sobre todo a manos extranjeras, porque nos consideramos incapaces de atenderlos. Que el orden público y la seguridad personal, a pesar de los esfuerzos que se anuncian, tampoco encuentran un remedio efectivo. Aquí, en este mismo recinto, se sientan honorables representantes del pueblo que han sido objeto no solamente de despojo, sino de vejámenes, por atracadores en sus propios hogares sin que se haya logrado la sanción de los atropellos de que han sido objeto.

Esto lo está viviendo el país. Y no es que yo diga que los militares se alzaron hoy o que intentaron la sublevación que ya felizmente ha sido aplastada (por lo menos en sus aspectos fundamentales) se hayan levando por eso, pero eso les ha servido de base, de motivo, de fundamento, o por lo menos de pretexto para realizar sus acciones.

Por eso termino mis palabras, rogándole al presidente de la república que enfrente de lleno, en verdad y decididamente esta situación que, como dije antes, sirve de motivo, o por lo menos de pretexto, para todos aquellos que quieran destrozar, romper, desarticular el sistema democrático constitucional del que nos sentimos ufanos.

Muchas gracias, ciudadanos senadores, ciudadanos diputados.
(Aplausos prolongados).

(http://www.analitica.com/bitblioteca/caldera/4f.asp)

Sucesos: 4 de Febrero de 1992

2004-07-26T10:28:00.000-04:00

Entre los días 3 y 4 de febrero de 1992 un golpe militar fallido intentó derrocar al entonces Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Estuvieron comprometidas en la asonada, guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el Distrito Federal. El alzamiento—denominado Operación Zamora—se inició en la tarde del día 3 y estalló en la noche, al retornar al país el presidente Pérez, luego de su participación en el Foro Económico Mundial, en la ciudad de Davos (Suiza). Los responsables eran miembros de una agrupación clandestina existente en el seno de las Fuerzas Armadas, conocida como Movimiento Bolivariano MBR-200. Dicha organización fue fundada en 1983 por los entonces capitanes del Ejército Hugo Chávez Frías, Felipe Acosta Carlés y Jesús Urdaneta Hernández, quienes se desempeñaban como instructores de la Academia Militar. Debido a que entre sus miembros figuraban oficiales de graduaciones medias tales como comandantes, mayores, capitanes, tenientes y tenientes-coroneles, dicho movimiento se conoció como COMACATE. Asimismo, buena parte de los integrantes pertenecían a la promoción Simón Bolívar, la cual egresó de la Escuela Militar en 1975.

En relación a las razones argumentadas por los oficiales golpistas, tenemos que las mismas eran la gestión política y económica del Presidente Pérez; el descontento de los sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas por los hechos de corrupción verificados en los altos mandos militares; la subordinación de las Fuerzas Armadas a un liderazgo político que consideraban incapaz y corrupto; la utilización de las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército y la Guardia Nacional, en la represión de los disturbios del 27 de febrero de 1989; el cuestionamiento a la posición sostenida por el presidente Pérez en las negociaciones relativas a la delimitación limítrofe con Colombia; el deterioro de las condiciones socioeconómicas de la oficialidad media y baja de las tropas; y el empleo de las Fuerzas Armadas en labores como repartición de útiles escolares, becas alimentarias, campañas de vacunación y de arborización. De acuerdo con los alzados su acción estaba justificada por la interpretación del artículo 132 de la Constitución Nacional de 1961, según el cual se consagraba a las Fuerzas Armadas la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, el cual estaba siendo vulnerado por el Gobierno de Pérez. No obstante, a pesar de lo anterior en entrevistas concedidas a la prensa, lo golpistas señalaron que lo mismos estaban conspirando desde hacía 10 años antes, aproximadamente durante el gobierno de Luis Herrera Campíns.

Los principales dirigentes de la acción golpista fueron los tenientes coroneles Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta Hernández y Jesús Ortiz Contreras. La toma de la región capital estuvo bajo la responsabilidad del teniente coronel Chávez Frías, quien dirigió las acciones desde el Museo Histórico Militar de La Planicie, y del teniente coronel Joel Acosta Chirinos, quien comandó las operaciones en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota. Los combates en el Distrito Federal se iniciaron hacia las 11 p.m. del día 3 y los enfrentamientos más intensos tuvieron lugar en la residencia presidencial La Casona, en el Palacio de Miraflores y en la base aérea Francisco de Miranda. Otras acciones tuvieron lugar en el Fuerte Tiuna, donde se iniciaron las acciones golpistas, en las comandancias generales del Ejército y la Armada, en el Comando Regional núm. 5 y el Comando de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional, la sede de la Disip en el Helicoide, en la sede de la Comandancia de la Policía Metropolitana en Cotiza y en Venezolana de Televisión (canal 8). A pesar de la magnitud del movimiento en la región capital, el presidente Pérez pudo sortear con éxito la situación, ya que a su llegada de Suiza estaban esperándolo el Ministro de la Defensa, general Fernando Ochoa Antich, y el Ministro de Interiores, Virgilio Ávila Vivas, quienes se habían trasladado al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, para desarticular un presunto operativo destinado a detener al presidente Pérez. Una vez en la residencia presidencial, Pérez recibió a las 11 p.m. una llamada telefónica de Ochoa Antich en la que era informado de un alzamiento en el Fuerte Mara en el Zulia, por lo que decidió trasladarse al Palacio de Miraflores, evadiendo por escasos minutos la captura de los golpistas. Posteriormente, a las 12 p.m. Miraflores fue atacado por tanques y por una unidad de paracaidistas, produciéndose intensos combates que derivaron en múltiples heridos y muertos de ambas partes. Nuevamente, el presidente Pérez logro huir de sus captores dirigiéndose al canal 4 de televisión (Venevisión), desde donde se comunicó con el país a la 1 a.m., informando acerca de la situación y condenando al movimiento insurreccional.

Finalmente, la rendición de los insurgentes comenzó una vez que las tropas leales retomaron el Palacio de Miraflores a las 4 a.m. y se prolongó hasta cerca del mediodía del día 4, cuando se entregó el líder de la operación, el comandante Hugo Chávez Frías. El presidente Pérez retornó al Palacio una vez que fue recuperado por las fuerzas del gobierno. Sin embargo, la situación en el resto del país no estaba controlada, ya que a diferencia de la región capital donde el movimiento insurreccional fracasó, en el estado Zulia había triunfado la operación denominada Reconstrucción 92. En tal sentido, su máximo jefe Francisco Arias Cárdenas, quien se desempeñaba como comandante del grupo de artillería misilística José Tadeo Monagas, había tomado a las 12 p.m. la casa del gobernador del estado Oswaldo Álvarez Paz, y desde la misma se proclamó gobernador militar del estado, dando a conocer a través de una emisora radial los motivos del golpe y los principios del MBR-200. Entre los principales puntos estratégicos tomados por las fuerzas de Arias Cárdenas, figuraban el puente sobre el Lago de Maracaibo, el cuartel Libertador, los destacamentos 33 y 35 de la Guardia Nacional, el Cuartel de Patrulleros de la Policía del Estado, la sede de la Disip, instalaciones petroleras de la costa oriental del lago, el canal II de televisión, etc. No obstante, en vista del fracaso de las operaciones en Caracas, Arias depuso las armas.

Aragua y Carabobo fueron otras regiones del país en las que actuaron los golpistas. En cuanto a Maracay, tenemos que se sublevaron 3 batallones de la 41ª Brigada de infantería Paracaidista y el batallón García de Sena, al mando del teniente coronel Jesús Urdaneta Hernández, y el batallón de cazadores General Vásquez, al mando del teniente coronel Jesús Ortiz Contreras. Los combates más intensos se escenificaron en el Cuartel Páez, a 2 cuadras del Palacio de Gobierno, en el Cuartel La Placera, y en la base Libertador. Los rebeldes rodearon la base, pero no lograron ingresar, pero no lograron ingresar en ella ni utilizar los aviones. En la guarnición de Valencia actuaron el batallón blindado Pedro León Torres, el grupo de artillería de campaña Lara, el batallón de apoyo José G. Lugo, una compañía de comunicaciones y una compañía de honor. Durante aproximadamente 15 horas los insurrectos controlaron varios puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el Comando Regional núm. 2 de la Guardia Nacional. El sometimiento de los alzados finalmente se consiguió hacia las 4 p.m. del día, tras la breve alocución a la 1p.m. de Hugo Chávez Frías, quien asumió la responsabilidad del movimiento y solicitó las fuerzas aún rebeldes de Aragua y Carabobo que se rindieran ante el fracaso de las operaciones en Caracas, para evitar mayores derramamientos de sangre.

Durante la mañana del día 5 de febrero de convocó a una sesión bicameral extraordinaria en el Congreso, con el propósito de presentar a la consideración del Poder Legislativo ante la aprobación por parte del Poder Ejecutivo de un decreto que establecía la suspensión de las garantías constitucionales en todo el territorio nacional, así como de un toque de queda. Por acuerdo de las fracciones parlamentarias se resolvió no debatir sobre la materia sino formular un comunicado de condena al intento de golpe. Sin embargo, para sorpresa de todos, el senador vitalicio Rafael Caldera, desatendiendo el acuerdo previo, pronunció un polémico discurso en que rebatió la tesis del magnicidio como motivo de la insurrección, al señalar que dicho movimiento respondía a una crisis más profunda de la democracia venezolana y sus instituciones. El discurso de Caldera se convirtió en un importante suceso político que le sirvió de plataforma para llegar a la presidencia de la República en diciembre de 1993. En cuanto al comandante Chávez y los oficiales de mayor rango involucrados en la insurrección, los mismos fueron recluidos en el Cuartel San Carlos de Caracas y luego en la Cárcel de Yare en los Valles del Tuy. A semanas de este intento, el Tribunal Militar II de Primera Instancia Permanente de Caracas anunció que había 133 oficiales (entre los cuales 24 fueron acusados de dirigir la rebelión y el resto de ser adherentes) y 967 soldados sometidos a la investigación. Con el tiempo, las causas de muchos de los militares presos fueron sobreseídas; otros fueron dados de baja, y otros indultados por el presidente Caldera en 1994 bajo la condición de solicitar su retiro de las Fuerzas Armadas, tal como sucedió con los oficiales que dirigieron la operación.

Frank Rodríguez, Julio 2000 (http://www.venezuelatuya.com/historia/4defebrero.htm)

Sucesos: 27 de Febrero de 1989

2004-07-26T10:14:00.000-04:00

Al poco tiempo de iniciar Carlos Andrés Pérez su segundo período presidencial, tuvo lugar entre los días 27 y 28 de febrero de 1989 un estallido masivo y sorpresivo de violencia popular. La magnitud del hecho estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional, debido al alto grado de popularidad que tenía la figura de Pérez y que se vio expresado en la gran cantidad de votos con los cuales resultó electo y que le daban un-supuesto-amplio margen de acción para su gestión gubernamental. En este sentido, el 16 de febrero de 1989 el recién posesionado presidente de la República Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos llamado popularmente "paquete económico", concebido para generar cambios sustanciales en la economía nacional.

En términos generales, el paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Entre las principales medidas anunciadas figuraban la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener aproximadamente US $ 4.500.000.000.000 en los 3 años siguientes; la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial; determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 reglones de la cesta básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico y sinceración general de precios de las empresas públicas; aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%; aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la administración pública.

Todas las medidas mencionadas anteriormente excepto la última eran de aplicación inmediata. En tal sentido, el alza de la gasolina debía efectuarse a partir del 26 de febrero de 1989 y las tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%. No obstante, los transportistas no estuvieron de acuerdo con el aumento inicial del 30% al considerar que el mismo debía ser de al menos un 70%, por lo que la Cámara del Transporte convocó un paro para el día 27 de febrero como medida de presión sobre el Ejecutivo Nacional. Ese día los choferes de las rutas interurbanas (sobretodo las que cubrían el trayecto entre Guarenas y Caracas) iniciaron sus recorridos habituales tratando de imponer sus tarifas y desconociendo el pasaje estudiantil. Ante tales circunstancias los usuarios reaccionaron con un alto grado de violencia contra las unidades de transporte, muchas de las cuales fueron destruidas y quemadas. Asimismo, en poco tiempo la violencia se desbordó al comenzar el saqueo y destrucción de locales comerciales, desde pequeños abastos hasta supermercados; también fueron atacados diversos tipos de locales comerciales, talleres y pequeñas fábricas; y tuvieron lugar intentos de penetrar por la fuerza en áreas residenciales de sectores de clase media y alta. En cuanto a los protagonistas de los actos vandálicos, tenemos que los mismos fueron perpetrados en su mayor parte por sujetos de estratos populares, aunque también estuvieron involucrados individuos pertenecientes a la clase media.

Los actos de violencia del 27 de febrero de 1989 se iniciaron en Guarenas (Edo. Miranda) y en algunas zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, los alrededores del Nuevo Circo y La Guaira. Posteriormente, la onda de violencia de extendió a otras zonas del área metropolitana de Caracas y las principales ciudades del interior del país como Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. El estallido tuvo un carácter espontáneo; es decir, las acciones no fueron dirigidas por organizaciones partidistas o de otro tipo, y en ellas se combinaron actos violentos de protesta popular, junto con hechos de evidente orientación delictiva. Aunque el alza de los precios de los pasajes del transporte colectivo fue el detonante de los hechos del 27 de febrero, para comienzos de 1989 se vivía en el país un gran desasosiego ante las expectativas y conflictos generados en torno al cambio de rumbo de la política económica llevado a cabo por Carlos Andrés Pérez y su gabinete. Por otra parte, esta situación de vio agravada a lo largo de enero y febrero de 1989, cuando se desató el acaparamiento y la especulación con los productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Es por ello que luego de la inicial reacción en contra de los transportistas y sus unidades, la acción popular se extendió en contra de los locales comerciales de expendio de bienes de consumo, en cuyos depósitos fueron encontrados muchos de los productos que habían desaparecido en los meses que precedieron al estallido.

Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de los acontecimientos del 27 de febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los mismos, dando la impresión de no saber como actuar ante un fenómeno de violencia social de tal magnitud. En virtud del desbordamiento de la situación, hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes. Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional. Pasados los 10 días, el presidente Pérez solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda. Como consecuencia de los actos de saqueo que siguieron durante la suspensión de las garantías y la paralización del país, se produjeron enormes pérdidas para los dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos. El balance de perdidas humanas dejado por los hechos del 27 de febrero de 1989 fue según cifras oficiales de 300 muertos y más de un millar de heridos. Sin embargo, de acuerdo con algunos reportes extraoficiales el número de muertos llegó al millar. La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó a consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público, lo sería repudiado y serviría de justificación para los militares que se alzaron el 4 de febrero de 1992.

En términos generales, las condiciones socioeconómicas generadas a partir del 18 de febrero de 1983, cuando tuvo lugar una drástica devaluación del bolívar, y acentuadas por las irregularidades en el intercambio económico ocurridas durante los últimos meses de 1988 y primeros de 1989, crearon en la población fuertes sentimientos de frustración socioeconómica y falta de credibilidad en la capacidad y voluntad de las autoridades públicas y de los agentes económicos para actuar con seguridad y equidad. Por otro lado, el proceso electoral de 1988 había generado ciertas expectativas de superación socioeconómica y política del país, sobretodo en torno a la figura de Carlos Andrés Pérez quien de alguna manera prometió durante la campaña electoral la posibilidad de la vuelta a la bonanza económica experimentada en su primer mandato (1974-1979). Sin embargo, el anunció del programa económico liquidó las ilusiones de la población y acentuó el desencanto no sólo hacia el gobierno de Pérez sino hacia un sistema político que evidenciaba la carencia de canales adecuados para la participación política y social. Por tal motivo, a raíz de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, fueron severamente cuestionados los partidos y organizaciones políticas (sobretodo AD y COPEI), al ser presentados como factores contrarios al cambio y sordos a las necesidades de la población, lo cual se evidenciaría en la situación crítica que se experimentó en los años venideros, y que daría paso a dos golpes de Estado en 1992.

Frank Rodríguez, Julio 2000 (http://www.venezuelatuya.com/historia/27defebrero.htm)

Juan Bimba

2004-07-25T23:36:00.000-04:00

La tradición cumanesa atribuye la etimología de «Juan Bimba» al nombre de un loco cumanés que se dice vivió antes de 1853. Lo cierto es que en 1860 Juan Vicente González usa Juan Bimba como tonto, mentecato, Juan Bimbe, Juan Bimba o Juan Bimbas está documentado desde 1900 como el nombre que se le aplica al prototipo del hombre humilde del pueblo. Con ese sentido la fijó y la popularizó Andrés Eloy Blanco en diversas composiciones y en forma humorística desde la revista Fantoches, en la década de 1930.

Diccionario de Historia de Venezuela. 2da Edic. Caracas: Fundación Polar, 1997. Tomo IV, pp. 221-222